Recientemente publiqué un artículo
en el que comparaba la economía cubana con un cubo de Rubik. La metáfora surgió
de una conversación con un amigo cubano que me alertó de una sospecha: el
desorden visible del país podía ocultar una reorganización silenciosa de la
propiedad. La crisis desarmaba la vida de la mayoría, pero colocaba
determinadas piezas en beneficio de los grupos vinculados al aparato estatal,
militar y empresarial.
En aquel texto afirmé que
el cubo no se estaba armando para el pueblo, sino frente al pueblo. Las 176
transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio de 2026 obligan a
volver sobre esa imagen. Ya no se trata únicamente de observar movimientos dispersos.
Ahora existe un documento que propone reorganizar la empresa estatal, reconocer
empresas privadas de mayor tamaño, permitir la venta de propiedades estatales,
ampliar la participación del capital extranjero y modificar el comercio, la
banca, la agricultura, el turismo y la protección social.
El cubo vuelve a
girar.
Existe una característica
del cubo de Rubik que adquiere aquí un significado político. Las piezas
centrales permanecen unidas al núcleo y determinan el color de cada cara. Las
restantes cambian de posición, pero el centro conserva su lugar. Algo semejante
ocurre con las transformaciones anunciadas: se mueven las formas de
propiedad, la gestión empresarial, las divisas, los salarios, los subsidios y
las importaciones, pero la autoridad que decide quién participa, qué se vende,
cuánto vale y en qué condiciones continúa siendo la misma.
El documento oficial
presenta 176 transformaciones agrupadas en 23 ejes
temáticos. Muchas de ellas
sorprenden menos por su contenido que por el tiempo que fue necesario esperar
para reconocerlas. Lo que debieron hacer 30 años atrás, lo resolvieron en pocos
días. Son los mismos “dirigentes”, pero resulta que ahora aprueban las medidas
a su conveniencia, falta de memoria o abuso de poder.
Se propone conceder mayor
autonomía a las empresas estatales, descentralizar la aprobación de precios y
salarios, eliminar subsidios a entidades ineficientes, establecer
procedimientos de quiebra, reducir trámites, facilitar la creación de empresas
privadas, permitir que una persona sea propietaria de más de una empresa y
autorizar sociedades anónimas por acciones. También se admite que las empresas
privadas contraten a más de cien trabajadores, desarrollen varias actividades y
participen en sectores antes reservados al Estado.
Varias de estas
decisiones pudieron adoptarse hace treinta o cuarenta años, cuando todavía
existían recursos humanos, infraestructura productiva y una población con
mayores expectativas dentro del país. Fueron postergadas bajo el argumento de
que amenazaban los principios del sistema. Ahora reaparecen no como
amenazas, sino como respuestas necesarias ante una economía que apenas logra
sostenerse.
La transformación 17
propone convertir empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o
participaciones. El Estado definirá su presencia accionaria y conservará una
participación mayoritaria en los sectores clasificados como estratégicos. Las empresas
estatales podrán comprar acciones de otras empresas. También podrán hacerlo las
formas de gestión no estatal y las personas naturales, según una gradualidad
que todavía debe definirse.
Las transformaciones 20,
21, 22 y 23 amplían el tamaño y las posibilidades de las empresas privadas. Una
persona podrá ser titular de más de una empresa y participar como accionista en
varias. Se reconocen empresas privadas con más de cien trabajadores y se
incorporan nuevas formas societarias. No estamos ante una pequeña apertura
dirigida únicamente al trabajo individual. Se está trazando la arquitectura
de un sector empresarial privado con capacidad de acumulación, contratación e
inversión.
La transformación 34
avanza todavía más: permite vender propiedades estatales a personas jurídicas y
naturales, nacionales y extranjeras, incluidos los cubanos residentes fuera del
país, siempre que demuestren el origen lícito de los fondos. No se habla solamente
de gestión privada de un activo estatal. Se emplea la palabra venta. Esto
supone transferencia de propiedad. No toma de sorpresa que mencionen a los
cubanos residentes en otros países, lo que siempre fueron tildados de
traidores. Pero conocemos que se refieren a los hijos y nietos de estos
gobernantes, que estratégicamente hicieron su fortuna fuera de Cuba. Casualidad
o pensamiento macabro.
En 2021, el discurso
oficial había colocado ese camino dentro de los límites que no podían
rebasarse. El Informe Central al Octavo Congreso del
Partido Comunista de Cuba
advertía que un proceso de privatización barrería los cimientos de la sociedad
socialista. También rechazaba la importación comercial privada porque rompería
el monopolio estatal del comercio exterior. El informe asociaba estas
demandas con el egoísmo, la codicia y el deseo de restauración capitalista.
Fue aprobado por los mismos que hoy siguen en el poder.
Cinco años después, la
transformación 148 permite la importación comercial directa para todos los
actores económicos. La 17 contempla participación privada en empresas
estatales. La 34 autoriza la venta de propiedades del Estado. La 52 abre la
generación y comercialización de energía a capital privado y extranjero. La 84
incorpora capital privado en la actividad bancaria. Otras medidas reconocen
empresas privadas agropecuarias, agencias de viajes privadas, cadenas de
tiendas, restaurantes, servicios logísticos y operaciones inmobiliarias.
La contradicción no puede
resolverse diciendo que el país cambió y ahora requiere otras respuestas. Eso
explica la necesidad económica, pero no aclara la incoherencia política. Si en
2021 se afirmaba que determinadas decisiones destruirían el socialismo y en
2026 esas decisiones son aprobadas por las mismas estructuras, alguien debe
explicar qué cambió en los principios, qué errores se cometieron y quién
responde por las oportunidades perdidas.
Durante años se impidió a
los ciudadanos realizar actividades que ahora son presentadas como parte de la
recuperación nacional. Se cerraron caminos, se limitaron profesiones, se
prohibió la acumulación empresarial y se mantuvo el monopolio del comercio exterior.
Las consecuencias de aquellas decisiones fueron asumidas por la población. Sin
embargo, el documento de 2026 no contiene una evaluación de las prohibiciones
anteriores. El cubo gira, pero nadie reconoce haberlo movido antes en la
dirección equivocada.
También conviene
distinguir entre una transformación anunciada y una transformación ejecutada.
Gran parte del documento está redactada con verbos como diseñar, crear,
permitir, establecer, actualizar y transformar. Estos verbos expresan
propósitos, no resultados. La comunicación oficial del 9 de julio informó que
las normas jurídicas serían publicadas pronto. Al momento de esta redacción, ya
se había creado el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, pero
buena parte de las 176 medidas seguía dependiendo de regulaciones,
procedimientos y decisiones futuras.
La distancia entre
anunciar y aplicar ha sido una constante en la economía cubana. Por eso, el documento no debe evaluarse solo por
lo que promete. Habrá que observar las normas, los plazos, las instituciones
responsables y los mecanismos de control. Una cosa es autorizar la venta de una
propiedad estatal y otra conocer cómo se valorará, quién podrá presentar una
oferta, qué información será pública y quién verificará que no existan
privilegios.
Las piezas se
reparten, pero el centro permanece
La pregunta principal no
es si Cuba necesita transformar su economía. La gravedad de la crisis hace
difícil negar esa necesidad. La pregunta es quiénes estarán en condiciones de
beneficiarse de la transformación.
Permitir que las personas
compren acciones o propiedades estatales puede parecer una apertura general.
Sin embargo, la igualdad jurídica no crea igualdad económica. La mayoría de los
trabajadores cubanos ha vivido durante años con salarios devaluados, escasez,
inflación y pocas posibilidades de ahorro. Muchas familias dependen de remesas.
Una parte numerosa de la población joven y profesional abandonó el país. En
tales condiciones, reconocer el derecho a comprar no significa que todos puedan
hacerlo.
Quienes administran
empresas, controlan información económica, poseen acceso a divisas o mantienen
relaciones con las estructuras estatales parten desde una posición muy
diferente. También disponen de ventaja los grupos empresariales ya establecidos
y quienes cuentan con capital fuera de Cuba. La medida 34 incluye a cubanos
residentes en el exterior, lo que puede atraer recursos, pero también confirma
que buena parte del dinero necesario para adquirir propiedades nacionales ya no
se encuentra dentro del país.
Este es el punto donde
las 176 transformaciones se conectan con el artículo anterior. Durante años se
produjo una concentración económica en conglomerados administrados por
estructuras militares y estatales. Ahora se plantea valorar activos, convertir
empresas estatales en sociedades mercantiles, vender propiedades, permitir
participaciones accionarias y reconocer la acumulación patrimonial. Las piezas
que antes se movían sin demasiada publicidad empiezan a recibir una forma
jurídica.
No significa que todas
las medidas hayan sido creadas para entregar el país a determinados grupos. El
documento contiene propuestas necesarias y algunas podrían beneficiar a
productores, trabajadores, municipios y pequeños empresarios. El problema
nace de la ausencia de garantías suficientes sobre el reparto de esas
oportunidades.
Para que una venta de
activos estatales sea legítima se necesita conocer el inventario, la
valoración, las condiciones de la convocatoria, los participantes y el
resultado. También se requiere identificar posibles conflictos de intereses. Si
quienes administraron una empresa durante años acceden antes que el resto a sus
datos, deudas, activos y posibilidades comerciales, dispondrán de una ventaja
difícil de compensar.
Las autoridades han
hablado de transparencia, licitaciones públicas y plataformas para conocer los
bienes disponibles. Esa intención tendrá que convertirse en procedimientos
verificables. No basta con publicar que una propiedad fue vendida. Se debe
conocer cómo se calculó su precio, quién compitió por ella y qué vínculos
existen entre compradores, administradores y funcionarios.
La transformación 36
reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de
personas jurídicas y naturales. La formulación parece razonable, pero deja otra
pregunta: ¿cómo se distinguirá la acumulación legítima de aquella obtenida
mediante privilegios, información reservada, corrupción o acceso desigual a
divisas? Reconocer la riqueza sin construir mecanismos públicos de
fiscalización puede terminar validando diferencias cuyo origen nunca fue
explicado.
El reacomodo también
alcanza a la población que no comprará empresas ni acciones. La transformación
70 propone eliminar subsidios a productos y dirigirlos hacia personas
seleccionadas. La 157 plantea sustituir la canasta familiar normada por ventas
reguladas para personas vulnerables. La 100 anuncia devaluaciones sucesivas de
la moneda nacional. Estas decisiones pueden responder a desequilibrios reales,
pero trasladan riesgos hacia los hogares.
El documento promete
incrementos salariales, actualización de pensiones y un Fondo de Protección
Social. El resultado dependerá del orden y del tiempo. Si los precios, la
devaluación y la eliminación de subsidios llegan antes que la ayuda, las
familias perderán capacidad de compra. Si la identificación de las personas
vulnerables falla, muchos quedarán fuera. En Cuba, la libreta no ha sido solo
un mecanismo de distribución. Para numerosas familias representa el último
acceso regular a ciertos alimentos.
Aquí surge otra
contradicción con el discurso de 2021. En aquel momento se afirmó que jamás se
aplicarían terapias de choque contra los sectores más humildes y que nadie
quedaría desamparado. El documento de 2026 no utiliza esa expresión, pero reúne
decisiones que pueden producir un impacto intenso si se ejecutan sin protección
previa. Las palabras cambian y las piezas se desplazan, pero el costo vuelve a
caer sobre la población.
Treinta años atrás, una
apertura económica gradual habría encontrado una sociedad menos empobrecida,
empresas menos deterioradas y una emigración menor. También habría permitido
que muchos ciudadanos construyeran recursos propios a lo largo del tiempo. Hacerlo
ahora significa iniciar la competencia después de que unos pocos han acumulado
posiciones y la mayoría ha perdido capacidad económica.
Por eso, la demora no fue
neutral. Cada año de prohibiciones redujo las posibilidades de unos y protegió
las ventajas de otros. Cuando finalmente se abre la puerta, no todos llegan al
mismo tiempo ni con los mismos recursos.
Las 176 transformaciones
pueden modificar la economía cubana. Algunas corrigen prohibiciones que nunca
debieron prolongarse. Otras reconocen relaciones económicas que ya existían.
Varias abren oportunidades que deben ser observadas con atención. Pero ninguna
responde todavía a la pregunta que recorre este artículo: ¿quién mueve el cubo
y para quién se está ordenando?
El centro continúa en el
mismo lugar. Desde allí se clasifican los sectores estratégicos, se decide qué
propiedades se venden, se determina quién participa y se redactan las normas.
Los ciudadanos reciben la invitación a controlar la implementación, pero no han
decidido el modelo, sus prioridades ni el destino de los activos que durante
décadas fueron presentados como propiedad de todo el pueblo.
En el artículo anterior
escribí que muchos cubanos podían descubrir que el país que les pidieron
defender ya había sido repartido antes de que les permitieran decidir sobre él.
Las nuevas transformaciones no eliminan esa posibilidad. Pueden darle una forma
legal.
El cubo de Rubik
cubano vuelve a girar. Algunas
caras cambian de color y ciertas piezas parecen encontrar su lugar. Sin
embargo, el centro permanece inmóvil y las manos que realizan los movimientos
siguen sin someterse al escrutinio ciudadano.
El problema ya no es
solamente que el cubo se esté armando frente al pueblo. El problema es que
ahora también pueden estar colocando sobre la mesa las reglas para repartir sus
piezas.
