“Pero amigo, lo que casi no podemos es con el agobio, es aplastante.
El precio de la dignidad es alto y no se paga parejo.”
La frase la escribió un amigo que vive en Cuba, no necesita adornos.
Tiene la sequedad de quien ya no está describiendo una molestia, sino una forma
de vida. No habla solo de un apagón, de una cola, de una enfermedad o de una
noche sin dormir. Habla de una acumulación. Habla de una existencia empujada
hacia el límite, donde cada día obliga a calcular lo mínimo: cuándo vuelve la
corriente, cuándo entra el agua, qué comida se echará a perder, qué medicamento
no apareció, qué transporte no pasó, qué fiebre será esta vez, qué explicación
oficial volverá a pedir paciencia.
En Cuba, la crisis dejó de ser un episodio, se convirtió en permanente.
La vida cotidiana quedó rodeada por una sucesión de fallas que ya no
sorprenden, pero sí desgastan. La electricidad falla, el agua falla, el
transporte falla, la salud pública falla, la alimentación se reduce, los
medicamentos escasean, la información llega incompleta y la esperanza se va
administrando en dosis cada vez más pequeñas. La población no enfrenta una
emergencia puntual; vive una cadena de emergencias.
Por eso la palabra “agobio” es tan precisa, no es un simple
cansancio. Es una presión sostenida sobre el cuerpo y sobre la mente. Es vivir
sin descanso real, dormir mal porque no hay electricidad, levantarse de
madrugada si llega la corriente, cocinar cuando se puede, lavar cuando se
puede, cargar el teléfono cuando se puede, guardar agua cuando se puede,
resolver (la palabra diaria) lo que el Estado no resuelve. La vida se
transforma en una administración permanente de la carencia.
Las frases de la calle lo dicen con más fuerza que muchos informes:
“Corriente y comida”. “Pongan la corriente”. “Solo queremos tres horas de
electricidad”. “Nos estamos acostumbrando a vivir así”. “Esto es Apagonia”.
“Ahorita seremos zombies”. Esas frases no son ocurrencias aisladas, es el registro
de una subjetividad colectiva. En ellas aparece la reducción de las
expectativas, el humor negro, la fatiga, la rabia contenida y la resignación
forzada. Pedir tres horas de electricidad no es una demanda ambiciosa. Es la
prueba de que la normalidad ha sido rebajada hasta niveles incompatibles con
una vida digna.
Un apagón puede analizarse como un problema técnico: megavatios que
faltan, plantas termoeléctricas detenidas, combustible que no llega, redes
envejecidas. Pero ese análisis es incompleto. Un apagón prolongado es también
un hecho humano. Significa comida descompuesta, niños con sueño, ancianos
sofocados por el calor, enfermos sin condiciones adecuadas, familias sin agua
porque las bombas no funcionan, estudiantes sin poder estudiar, trabajadores
sin poder producir, personas desconectadas de sus seres queridos. La
electricidad no es un lujo moderno, es una condición de funcionamiento de la
vida diaria, es en última instancia un derecho humano.
Cuando los apagones duran horas y horas, el cuerpo empieza a pagar.
El calor impide dormir. La falta de sueño aumenta la irritabilidad. La
incertidumbre activa la ansiedad. La pérdida de alimentos produce rabia e
impotencia. La imposibilidad de planificar destruye la sensación de control. La
persona no descansa ni cuando se sienta, porque su mente sigue pendiente de lo
que falta. El cuerpo está en la casa, pero la mente está en alerta. En muchos
barrios cuando la electricidad “llega” la gente deja la escuela, su trabajo,
para ir corriendo a su casa y aprovechar esos minutos de vida.
Desde la psicología, esto puede entenderse como estrés crónico por
privación de recursos básicos. No es una reacción emocional exagerada. Es una
respuesta comprensible ante una vida organizada alrededor de amenazas
cotidianas. Si se pierde la comida, si no se duerme, si no hay agua, si no hay
medicina, si no se sabe cuándo volverá la corriente, el organismo permanece en
vigilancia. Esa vigilancia sostenida desgasta. El estrés ya no aparece como
reacción breve ante un peligro, sino como clima permanente.
Ese desgaste tiene efectos; baja la concentración, aumenta la
impulsividad, se reduce la paciencia, se altera el sueño, se deteriora el
ánimo, crece la irritabilidad, se debilita la motivación. También aparece algo
más difícil de medir: la sensación de que nada depende de uno. Si la persona se
esfuerza, pero el resultado no cambia, aprende a esperar lo peor. Se adapta,
pero esa adaptación no siempre es salud; a veces es una forma de rendición
emocional.
Por eso la frase “es aplastante de espíritu” porta una gran fuerza.
El espíritu, entendido aquí como ánimo, voluntad y expectativa de futuro,
también puede ser aplastado. No solo se aplasta una economía o se derrumba una
red eléctrica. También se deteriora la capacidad íntima de imaginar una vida
distinta. La persona sigue funcionando, pero con menos energía moral. Se ríe,
inventa, resuelve, pide prestado, se adapta, protesta o calla. Pero se va
gastando por dentro.
La historia reciente de Cuba ofrece un antecedente doloroso de cómo
la precariedad prolongada puede transformarse en daño corporal masivo. En los
años 90, durante el llamado Período Especial, se produjo una epidemia de
neuropatía óptica y periférica que afectó a más de cincuenta mil personas. La
crisis alimentaria, la reducción de nutrientes, los cambios en la dieta, la
pérdida de peso, el aumento del esfuerzo físico y otros factores tóxicos o
nutricionales fueron parte de las explicaciones científicas revisadas entonces.
Aquella epidemia demostró que una crisis económica no se queda en los
bolsillos. Entra al sistema nervioso, a los ojos, a las piernas y se instala en
todo el cuerpo.
Ese episodio debería impedir cualquier lectura superficial de las
crisis cubanas, donde el pueblo de verdad se lleva la peor parte. La
precariedad no es solo incomodidad, la escasez sostenida produce efectos
orgánicos. El hambre parcial, la mala alimentación, la falta de vitaminas, el
cansancio físico y la pérdida de condiciones básicas de vida pueden expresarse
en enfermedad colectiva. La neuropatía de los años 90 fue una señal histórica:
cuando una población vive demasiado tiempo en déficit, el cuerpo termina
hablando. El cuerpo no cree en consignas, no cree en dirigentes panzones y en
viejos militares.
El pasado año y en parte de este la epidemia de chikunguña y otras
enfermedades transmitidas por mosquitos volvió a colocar el cuerpo en el centro
del problema. No se conoce con certeza cuántas personas fueron afectadas. Las
cifras oficiales y los registros sanitarios ofrecen una parte del cuadro, pero
el subregistro parece inevitable cuando muchas personas no acuden al médico, no
hay suficientes pruebas, se confunden diagnósticos y el sistema de salud
enfrenta carencias severas. En ese contexto, la enfermedad circula no solo como
virus, sino como miedo, rumor, dolor y agotamiento y se traduce en la protesta
silenciosa.
La chikunguña es especialmente dura porque puede dejar dolores
articulares persistentes. Hay personas que pasan semanas o meses con
limitaciones para caminar, trabajar, cargar peso o moverse con normalidad. El
dolor crónico modifica el carácter, la fatiga cambia la relación con los otros,
el sueño se altera y la dependencia aumenta. La persona se vuelve más
irritable, más triste, más vulnerable. No es debilidad moral. Es el efecto
psicológico de vivir dentro de un cuerpo que duele y de un entorno que no
ofrece alivio suficiente.
Si a ese dolor se le suman apagones, falta de repelente, escasez de
medicamentos, acumulación de basura, ausencia de fumigación, agua almacenada en
recipientes y hospitales deteriorados, el daño se multiplica. La enfermedad no
ocurre en el vacío. Ocurre dentro de una crisis mayor. El mosquito pica en una
casa caliente, con ventanas abiertas por falta de ventilación, en un barrio con
basura, en una familia sin medicamentos, en una ciudad cansada. El virus encontró
un país debilitado.
La ineficiencia gubernamental se expresa justo ahí: en la
incapacidad de impedir que las crisis se encadenen. Una administración
responsable no puede evitar todos los desastres, pero sí debe reducir daños,
anticipar riesgos, transparentar información, organizar recursos, proteger a
los vulnerables y corregir errores. Cuando las fallas se repiten durante años,
ya no basta con culpar a factores externos. Las sanciones, el bloqueo y las
restricciones internacionales forman parte del contexto cubano, pero no explican
por sí solos la falta de previsión, la opacidad informativa, la dependencia
energética, la demora en transformar la matriz eléctrica, el deterioro
hospitalario, la mala gestión de residuos, el abandono del transporte y la
desigualdad real con que se reparten los sacrificios. Cuba y su gobierno de
militares es un estado fallido, donde ellos cada día abren las tumbas a los
cubanos de a pie.
Ahí entra la frase más dura: “El precio de la dignidad es alto y no
se paga parejo.” Durante décadas, la palabra dignidad ha sido usada como
emblema político. Se ha invocado para pedir resistencia, paciencia, disciplina
y sacrificio. Pero una dignidad convertida en consigna puede terminar ocultando
desigualdades. No todos viven los apagones igual. No todos consiguen comida
igual. No todos acceden a medicamentos igual. No todos tienen planta eléctrica,
divisas, familiares en el exterior, transporte propio o acceso privilegiado a
servicios. El sacrificio colectivo rara vez es verdaderamente colectivo.
Cuando se dice que el pueblo debe resistir, habría que preguntar
quién paga el costo mayor de esa resistencia. Lo paga la madre que espera la
corriente de madrugada para lavar. Lo paga el anciano que no consigue el
medicamento. Lo paga el niño que no duerme por el calor. Lo paga el trabajador
que pierde comida comprada con esfuerzo. Lo paga el enfermo con dolor articular
que no encuentra analgésicos. Lo paga la familia que no sabe si tiene dengue,
chikunguña, oropouche o cualquier “virus” sin nombre preciso. Lo paga quien no
tiene margen para escapar ni recursos para amortiguar la caída.
La dignidad no puede consistir en soportarlo todo. Una sociedad
digna no es aquella donde la gente aprende a sobrevivir sin lo básico, sino
aquella donde lo básico no se convierte en privilegio. Si la dignidad exige
aceptar apagones interminables, dolor sin medicina, hambre parcial, sueño roto
y silencio, entonces la palabra ha sido vaciada de su sentido humano. La
dignidad verdadera debería proteger la vida, no exigirle a la vida que se
acostumbre al deterioro. El Gobierno y sus cómplices externos, se robaron la
dignidad, el discurso mentiroso y su mesa redonda diaria, solo son visto como
la ausencia de dignidad.
Hay una dimensión moral en todo esto. No basta con medir cuántos
megavatios faltan, cuántas toneladas de combustible no llegaron o cuántos casos
sospechosos se registraron. Hay que medir el daño en términos de humanidad.
¿Qué ocurre con una población obligada a vivir durante años sin estabilidad
mínima? ¿Qué ocurre con los niños que crecen viendo a sus padres resolver lo
imposible cada día? ¿Qué ocurre con los jóvenes que aprenden que el futuro es
una promesa rota? ¿Qué ocurre con los ancianos que sienten que resistieron toda
una vida para llegar a una vejez sin descanso?
La respuesta no es solo económica ni médica. Es psicológica, social
y ética. Una población sometida a crisis sucesivas puede desarrollar mecanismos
admirables de solidaridad, humor, inventiva y resistencia. Pero también puede
desarrollar desesperanza, cinismo, apatía, irritabilidad, duelo acumulado y
pérdida de confianza. La adaptación no debe confundirse con bienestar. Que una
persona sobreviva no significa que esté bien. Que un pueblo aprenda a resolver
no significa que no esté siendo dañado. Que un pueblo se calle por la represión
militar no quiere decir que esté en silencio. En Cuba protestar es sinónimo de
represión, de cárcel.
El agobio se vuelve más peligroso porque muchas veces no se ve. No
siempre produce una imagen dramática. A veces aparece como cansancio
normalizado, como mal humor familiar, como pérdida de ilusión, como ganas de
irse, como silencio, como chiste amargo, como cuerpo dolorido, como insomnio,
como una frase enviada a un amigo: “lo que casi no podemos es con el agobio”.
Esa frase merece ser escuchada con seriedad. No es una queja menor.
Es un diagnóstico humano. Cuba no está viviendo solo una crisis eléctrica, ni
solo una crisis sanitaria, ni solo una crisis alimentaria. Vive una crisis de
condiciones básicas para sostener una vida psicológicamente respirable. Cuando
cada jornada se vuelve una prueba de resistencia, cuando la incertidumbre se
instala como norma, cuando el cuerpo enferma y la mente no descansa, el daño
deja de ser coyuntural. Se vuelve una marca.
El mayor fracaso de un sistema político no es solo producir pobreza.
Es pedirle a la gente que llame dignidad a la administración cotidiana de su
propio desgaste. Es convertir la resistencia en obligación moral. Es exigir
paciencia a quienes ya han entregado demasiado. Es normalizar que la población
pague con su cuerpo, su sueño, su salud y su esperanza los errores acumulados
de quienes gobiernan en Cuba.
“Corriente y comida” no debería ser una consigna de protesta en
pleno siglo XXI. “Solo queremos tres horas de electricidad” no debería ser una
aspiración aceptable. “Nos estamos acostumbrando a vivir así” no debería ser
leído como fortaleza. Esas frases muestran el punto exacto en que la vida se
achica. Y una vida achicada durante demasiado tiempo no solo empobrece el
presente; también hiere el futuro.
El precio de la dignidad no puede seguir cobrándose sobre los mismos
cuerpos. No puede seguir pagándose con noches sin dormir, con alimentos
perdidos, con dolor sin alivio, con enfermedades mal diagnosticadas, con
jóvenes que se van y con ancianos que esperan. La dignidad, si todavía quiere
significar algo, debe empezar por devolver a las personas aquello que nunca
debió faltarles: luz, comida, agua, salud, descanso, información confiable y la
posibilidad de vivir sin sentirse aplastadas por el día siguiente. Pero esa
dignidad se inicia por la frase que hoy todos los cubanos piensan: que se
vayan.
