Escribir de la economía cubana sin caer en consignas y sin ser economista exige una
disciplina simple: separar hechos verificables de interpretaciones y luego
reconstruir cómo se encadenan. Si uno hace ese ejercicio con dos hilos
documentales (citados al final del documento y de acceso abierto), el régimen
de sanciones de Estados Unidos y la secuencia de decisiones económicas del
Estado cubano desde 1959, aparece una conclusión incómoda para ambos bandos del
debate. El bloqueo existe, tiene mecanismos concretos, genera costos
medibles y añade fricciones financieras y comerciales que no se resuelven con
retórica. A la vez, la persistencia de una productividad baja, la rigidez
institucional, la administración discrecional de divisas y precios, los ciclos
de reformas que abren una puerta y cierran tres, el despilfarro, la
escasa información sobre inversiones, entre otros más, constituyen una fuente interna
de ineficacia que también es verificable y que no puede explicarse solo
por el bloqueo.
La discusión pública
suele partir de una falsa disyuntiva: o todo es culpa del bloqueo o todo es
culpa del gobierno cubano. En la práctica, el bloqueo opera como un
conjunto de restricciones externas que encarecen y complican transacciones, y
la ineficacia interna opera como un conjunto de normas y reglas que reducen la
capacidad productiva y la generación de divisas. Cuando ambas dinámicas se
superponen, el resultado es una economía con restricción externa crónica,
desajustes monetarios recurrentes y deterioro del bienestar material. Queda
claro, que, a las medidas de las administraciones norteamericanas, el gobierno
cubano fue y es escasamente creativo, demostrando en más de seis décadas su
ineficacia, donde la culpa “siempre” la tiene el bloqueo.
Bloqueo: mecanismo y
efectos verificables
En Cuba se le llama
bloqueo, mientras que en EUA se reconoce por embargo. El embargo o bloqueo estadounidense
contra Cuba no es una metáfora. Es un régimen jurídico y administrativo que se
fue construyendo por capas, con hitos normativos identificables y con un
componente extraterritorial que afecta la relación de Cuba con bancos, navieras
y empresas de terceros países. Un punto de arranque ampliamente citado es la
Proclamación Presidencial 3447 de 1962, que formaliza la prohibición de
importaciones cubanas y restringe exportaciones estadounidenses hacia la isla
(Proclamación 3447, 1962). A partir de allí, la política se endurece con leyes
posteriores que cambian la calidad del bloqueo. La Ley Torricelli (1992) amplía
restricciones al impedir que filiales extranjeras de empresas estadounidenses
comercien con Cuba, y la Ley Helms Burton (1996) codifica el embargo en ley
federal y abre la puerta a litigios relacionados con propiedades nacionalizadas,
lo que incrementa el efecto disuasivo sobre actores no estadounidenses (Cuban
Liberty and Democratic Solidarity Act, 1996).
La arquitectura del
bloqueo importa por sus mecanismos económicos. No se trata solo de “no venderle
a Cuba”, sino de elevar costos de transacción, aumentar riesgos legales y
encarecer financiamiento. En una economía que depende de importaciones para
sostener consumo, energía, insumos industriales y parte de su sistema
sanitario, las fricciones financieras pueden traducirse en demoras,
sobreprecios y sustituciones forzadas de proveedores. La investigación sobre el
embargo sintetiza esta lógica al subrayar que las sanciones afectan comercio
bilateral, penalizan relaciones con terceros y restringen viajes y remesas, con
efectos acumulados en el acceso a divisas y al sistema financiero.
El hecho de que el
bloqueo exista no implica que sea la única causa de la crisis. Implica algo más
preciso: si Cuba tuviera un modelo productivo eficiente y flexible, el
bloqueo seguiría siendo un lastre serio, pero su impacto podría amortiguarse
con diversificación exportadora, sustitución eficiente de importaciones y
acceso a mercados alternativos. El problema es que muchas de esas rutas de
amortiguación también dependen de reglas internas que, por décadas, han
limitado la capacidad de generar divisas de forma sostenible. A ellas se suman
graves errores económicos del país, que van desde una nacionalización absoluta
hasta el despilfarro de numerosos recursos. Los países salvavidas de Cuba, como
la antigua URSS, Venezuela con Maduro y ahora México, han otorgado a Cuba, miles
de millones de dólares en productos, especialmente combustible que no fue
siempre bien empleado.
La dimensión multilateral
del tema también es verificable. Año tras año, la Asamblea General de la ONU
vota resoluciones que piden el fin del embargo, con apoyos abrumadores y una
oposición sistemática de Estados Unidos e Israel, aunque esas resoluciones no
son vinculantes (United Nations General Assembly, 2023). Más allá de la
discusión jurídica, esto muestra aislamiento diplomático de la política y
refuerza su carácter persistente. Esa persistencia tiene un efecto económico
obvio: obliga a planificar bajo una restricción externa que no es coyuntural,
sino estructural. En ese entorno, la creatividad y las maneras de sortear el
bloqueo han faltado siempre en el gobierno cubano. Es más fácil pasar la culpa
al otro, que asumir su propia culpa.
Un punto delicado es la
cuantificación del daño. Cuba publica estimaciones anuales de pérdidas
atribuidas al bloqueo, y esas cifras circulan ampliamente en medios y debates.
Metodológicamente, deben tratarse con cautela: incluyen costos directos,
sobreprecios, oportunidades perdidas y otros componentes que dependen de
supuestos. Aun con esa cautela, el dato cumple una función: el costo no es cero
y, en varios sectores, se manifiesta como escasez de repuestos, dificultades de
pagos internacionales y problemas de abastecimiento.
Hasta aquí, el argumento
es directo: el bloqueo es real, tiene base legal, opera por mecanismos
económicos reconocibles y genera costos. El error analítico aparece cuando se
usa esa realidad como explicación total, como si el resto de las variables
internas no existieran o fueran irrelevantes. El segundo hilo documental, la
secuencia de políticas económicas internas, muestra por qué esa explicación
total no se sostiene.
Ineficacia interna:
incentivos, productividad y política económica
La ineficacia del
gobierno cubano, entendida en términos económicos, no se prueba con adjetivos,
se prueba con instituciones, incentivos y resultados repetidos. Un hecho duro
es que el Estado cubano construyó desde los sesenta un aparato de planificación
central que reorganizó la propiedad, la producción y el abastecimiento. La
creación de la JUCEPLAN en 1960 representa esa arquitectura de planificación
(Ley 757, 1960). En el mismo periodo se consolidan mecanismos de control del
consumo y distribución normada, y se expande la estatización de actividades
económicas. Estas decisiones respondieron a objetivos políticos y sociales
claros, y también a shocks externos tempranos, pero dejan una herencia
institucional: centralización de decisiones, señales de precios debilitadas, y
un sistema donde la asignación administrativa sustituye al cálculo económico
descentralizado. En otras palabras, las leyes económicas universales, se rompen
para imponer sus leyes, que en seis décadas siempre demostraron su total
ineficiencia.
La investigación sobre la
economía cubana desde mediados del siglo veinte hasta hoy propone una lectura
transversal que es útil para este análisis: la economía cubana puede entenderse
como una secuencia de soluciones de emergencia ante una restricción externa
persistente y una productividad interna insuficiente. Cada paquete de medidas
intenta cerrar el desequilibrio de divisas, pero crea distorsiones e incentivos
que luego obligan a nuevas correcciones. Esa lógica de parches no describe solo
una coyuntura, describe un patrón.
Hay tres campos donde la
ineficacia interna se vuelve observable de manera recurrente.
El primer campo es la productividad.
Una economía puede enfrentar sanciones externas y aun así sostener niveles
aceptables de bienestar si su aparato productivo genera bienes, exporta valor y
sustituye importaciones con eficiencia. El problema es que la estructura de
incentivos en Cuba ha castigado, durante décadas, la productividad agrícola e
industrial mediante precios administrados, restricciones a la empresa no
estatal, controles sobre importación de insumos y un marco regulatorio
cambiante. La consecuencia práctica es un ciclo conocido: escasez de oferta,
inflación reprimida o abierta, y expansión del mercado informal. No hace falta
idealizar el mercado para reconocer que, cuando la economía cotidiana depende
de “resolver” fuera de los canales formales, la productividad formal
está fallando. Más del 50 % de la tierra cultivable en Cuba está cubierta de un
arbusto invasivo llamado marabú, que es no es culpa del bloqueo, sino de la política
agraria del régimen cubano.
El segundo campo es la
política monetaria y cambiaria. Cuba es un laboratorio de regímenes
monetarios: legalización de divisas en 1993, creación del CUC en los noventa,
desdolarización parcial en 2004, expansión posterior de circuitos en divisas, y
el Ordenamiento monetario de 2020. En la investigación económica (se adjunta el
final el enlace para ser leído en su totalidad) se subraya que los cambios
monetarios no son solo técnicos, son regímenes que crean ganadores y perdedores
y que reescriben expectativas sociales. El Ordenamiento, por ejemplo, se
implementa con cambios salariales nominales y un intento de unificación, pero
termina conviviendo con nuevas formas de segmentación asociadas al acceso a
divisas (Gaceta Oficial, 2020;). Una lección histórica emerge: si no hay
oferta suficiente y si la disciplina fiscal y productiva es débil, la reforma
monetaria tiende a convertirse en inflación y brecha cambiaria, no en
equilibrio. Después de casi una década creando el famoso Ordenamiento, en
seis meses fue eliminado. Pudo más la realidad económica que el pensamiento
gris de los burócratas socialistas. Pudieron más las leyes económicas reales,
que las leyes socialistas, que solo llevan al callejón sin salida.
El tercer campo es la administración
de divisas. En economías con restricción externa, la divisa es un recurso
estratégico y escaso. La pregunta no es si debe administrarse, sino cómo. La
evidencia reciente que recoge el documento económico sugiere que Cuba vuelve a
operar con “reglas en movimiento” en materia cambiaria, con segmentación y
ajustes por norma. Ese tipo de arquitectura puede ser una respuesta a la
escasez, pero también revela un problema: la economía no está generando divisas
suficientes para que una tasa oficial funcione como precio de equilibrio. Si el
tipo de cambio es, en la práctica, un resultado administrativo, aparece un
incentivo fuerte al arbitraje, a la captura de rentas y a la corrupción. En ese
terreno, el bloqueo agrava, pero la raíz está en la capacidad interna de
producir y exportar. Recordaremos cómo se trató de culpar al Toque un medio
externo, de la caída del peso cubano, cuando la realidad es otra bien diferente
y es la que da pie al título.
Con esto se entiende
mejor la tesis de este artículo: el bloqueo y la ineficacia interna no se
anulan, se potencian. El bloqueo eleva costos y reduce márgenes de
maniobra. La ineficacia interna reduce productividad y multiplica la dependencia
de importaciones y divisas. Una economía así entra en una trampa: necesita
divisas para producir y producir para obtener divisas, pero su marco
institucional dificulta ambas cosas. En ese punto, cada shock externo,
pandemia, caída de un aliado energético, endurecimiento de sanciones, se
transforma en crisis sistémica porque encuentra un aparato productivo frágil y
descompuesto. Esto es lo que hoy hace tambalear el régimen. Un ejemplo claro,
es la política de construir hoteles para el turismo internacional, cuando desde
hace años, el índice de ocupación es bajo, y el turismo interno es casi
inexistente. La casi totalidad de la población cubana no tiene los recursos
mínimos para vacacionar en estas instalaciones.
Hay otro aspecto que
suele omitirse por incomodidad: el embargo no ha logrado, en más de seis
décadas, el objetivo político que Estados Unidos declara con frecuencia, y
al mismo tiempo ofrece al gobierno cubano un argumento narrativo para
explicar fracasos internos. Este doble efecto es funcional para ambos
extremos del conflicto: en Washington, el embargo se mantiene por razones
políticas internas; en La Habana, el embargo se usa como explicación dominante.
El resultado es un equilibrio político de baja eficacia económica. Quien paga
el costo principal es la población, porque el deterioro material no distingue
entre causas externas e internas. Los gobernantes cubanos lo saben y se
mantienen aferrados al poder por décadas.
Cualquier lectura honesta
debe reconocer también la dimensión social. Cuba ha priorizado por décadas
políticas sociales, y ese componente no puede borrarse del análisis económico,
aunque el bienestar no se agote en salud y educación. En el presente, la erosión
del bienestar material se expresa en escasez, migración y deterioro de
servicios. Parte de esa erosión se conecta con restricciones externas, parte
con fallas internas de gestión y productividad. Negar una de las dos partes
empobrece el diagnóstico y conduce a soluciones ilusorias.
Cierre
El bloqueo de Estados
Unidos a Cuba es un hecho histórico y jurídico, con mecanismos
extraterritoriales y efectos económicos que elevan costos, reducen acceso
financiero y complican importaciones. La ineficacia del gobierno cubano también
es un hecho económico, visible en décadas de baja productividad, regímenes
monetarios que crean segmentación, despilfarro de recursos, escasa comunicación
sobre las inversiones con capital extranjero y sus ganancias y administración
de divisas que sustituye equilibrio por decreto. La evidencia reunida en las
dos investigaciones permite sostener una idea central: el bloqueo no explica
por sí solo la crisis, y la ineficacia interna no ocurre en el vacío. La
crisis es el resultado de la interacción entre una restricción externa
persistente y una estructura interna que no logra generar oferta, divisas y
confianza regulatoria de manera estable.
Si el debate público
quiere dejar de ser propaganda, debe aceptar esta doble realidad. Solo así se
abre una discusión más productiva: qué porción del daño proviene de sanciones y
qué porción proviene de reglas internas, qué reformas institucionales aumentarían
productividad aún bajo sanciones, y qué cambios en la política estadounidense
reducirían costos humanitarios sin convertirse en premio político automático.
Ese debate, si se quiere serio, empieza por lo que aquí se defendió: el
bloqueo es real y la ineficacia interna también.
Cuban Liberty and
Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 (Helms Burton Act), Pub. L. No.
104-114, 110 Stat. 785.
Ley 757. (1960, 11 de
marzo). Creación, organización y funciones de la Junta Central de Planificación
Económica (JUCEPLAN).
Proclamación Presidencial
3447. (1962, 3 de febrero). Embargo sobre el comercio con Cuba.
United Nations General
Assembly. (2023). Necessity of ending the economic, commercial and financial
embargo imposed by the United States of America against Cuba (resolución anual
de la Asamblea General).
Diseño metodológico. Para
la creación del artículo se llevaron a cabo dos investigaciones profundas en
ChatGPT, en dos cuentas diferentes del autor de este trabajo. Cada una de ellas
dio por resultado la consulta de más de 200 fuentes, incluidas las propias de
Cuba, de las que se emplearon unas 70 citas. Si está interesado en acceder a
ambas, añado las dos direcciones.
Primera investigación con
un total de 27 citas, acceso desde este enlace
Segunda investigación con
un total de 51 citas acceso desde este enlace
No hay comentarios:
Publicar un comentario