El precio de la dignidad: el agobio como daño humano en Cuba.

“Pero amigo, lo que casi no podemos es con el agobio, es aplastante. El precio de la dignidad es alto y no se paga parejo.”

La frase la escribió un amigo que vive en Cuba, no necesita adornos. Tiene la sequedad de quien ya no está describiendo una molestia, sino una forma de vida. No habla solo de un apagón, de una cola, de una enfermedad o de una noche sin dormir. Habla de una acumulación. Habla de una existencia empujada hacia el límite, donde cada día obliga a calcular lo mínimo: cuándo vuelve la corriente, cuándo entra el agua, qué comida se echará a perder, qué medicamento no apareció, qué transporte no pasó, qué fiebre será esta vez, qué explicación oficial volverá a pedir paciencia.

En Cuba, la crisis dejó de ser un episodio, se convirtió en permanente. La vida cotidiana quedó rodeada por una sucesión de fallas que ya no sorprenden, pero sí desgastan. La electricidad falla, el agua falla, el transporte falla, la salud pública falla, la alimentación se reduce, los medicamentos escasean, la información llega incompleta y la esperanza se va administrando en dosis cada vez más pequeñas. La población no enfrenta una emergencia puntual; vive una cadena de emergencias.

Por eso la palabra “agobio” es tan precisa, no es un simple cansancio. Es una presión sostenida sobre el cuerpo y sobre la mente. Es vivir sin descanso real, dormir mal porque no hay electricidad, levantarse de madrugada si llega la corriente, cocinar cuando se puede, lavar cuando se puede, cargar el teléfono cuando se puede, guardar agua cuando se puede, resolver (la palabra diaria) lo que el Estado no resuelve. La vida se transforma en una administración permanente de la carencia.

Las frases de la calle lo dicen con más fuerza que muchos informes: “Corriente y comida”. “Pongan la corriente”. “Solo queremos tres horas de electricidad”. “Nos estamos acostumbrando a vivir así”. “Esto es Apagonia”. “Ahorita seremos zombies”. Esas frases no son ocurrencias aisladas, es el registro de una subjetividad colectiva. En ellas aparece la reducción de las expectativas, el humor negro, la fatiga, la rabia contenida y la resignación forzada. Pedir tres horas de electricidad no es una demanda ambiciosa. Es la prueba de que la normalidad ha sido rebajada hasta niveles incompatibles con una vida digna.

Un apagón puede analizarse como un problema técnico: megavatios que faltan, plantas termoeléctricas detenidas, combustible que no llega, redes envejecidas. Pero ese análisis es incompleto. Un apagón prolongado es también un hecho humano. Significa comida descompuesta, niños con sueño, ancianos sofocados por el calor, enfermos sin condiciones adecuadas, familias sin agua porque las bombas no funcionan, estudiantes sin poder estudiar, trabajadores sin poder producir, personas desconectadas de sus seres queridos. La electricidad no es un lujo moderno, es una condición de funcionamiento de la vida diaria, es en última instancia un derecho humano.

Cuando los apagones duran horas y horas, el cuerpo empieza a pagar. El calor impide dormir. La falta de sueño aumenta la irritabilidad. La incertidumbre activa la ansiedad. La pérdida de alimentos produce rabia e impotencia. La imposibilidad de planificar destruye la sensación de control. La persona no descansa ni cuando se sienta, porque su mente sigue pendiente de lo que falta. El cuerpo está en la casa, pero la mente está en alerta. En muchos barrios cuando la electricidad “llega” la gente deja la escuela, su trabajo, para ir corriendo a su casa y aprovechar esos minutos de vida.

Desde la psicología, esto puede entenderse como estrés crónico por privación de recursos básicos. No es una reacción emocional exagerada. Es una respuesta comprensible ante una vida organizada alrededor de amenazas cotidianas. Si se pierde la comida, si no se duerme, si no hay agua, si no hay medicina, si no se sabe cuándo volverá la corriente, el organismo permanece en vigilancia. Esa vigilancia sostenida desgasta. El estrés ya no aparece como reacción breve ante un peligro, sino como clima permanente.

Ese desgaste tiene efectos; baja la concentración, aumenta la impulsividad, se reduce la paciencia, se altera el sueño, se deteriora el ánimo, crece la irritabilidad, se debilita la motivación. También aparece algo más difícil de medir: la sensación de que nada depende de uno. Si la persona se esfuerza, pero el resultado no cambia, aprende a esperar lo peor. Se adapta, pero esa adaptación no siempre es salud; a veces es una forma de rendición emocional.

Por eso la frase “es aplastante de espíritu” porta una gran fuerza. El espíritu, entendido aquí como ánimo, voluntad y expectativa de futuro, también puede ser aplastado. No solo se aplasta una economía o se derrumba una red eléctrica. También se deteriora la capacidad íntima de imaginar una vida distinta. La persona sigue funcionando, pero con menos energía moral. Se ríe, inventa, resuelve, pide prestado, se adapta, protesta o calla. Pero se va gastando por dentro.

La historia reciente de Cuba ofrece un antecedente doloroso de cómo la precariedad prolongada puede transformarse en daño corporal masivo. En los años 90, durante el llamado Período Especial, se produjo una epidemia de neuropatía óptica y periférica que afectó a más de cincuenta mil personas. La crisis alimentaria, la reducción de nutrientes, los cambios en la dieta, la pérdida de peso, el aumento del esfuerzo físico y otros factores tóxicos o nutricionales fueron parte de las explicaciones científicas revisadas entonces. Aquella epidemia demostró que una crisis económica no se queda en los bolsillos. Entra al sistema nervioso, a los ojos, a las piernas y se instala en todo el cuerpo.

Ese episodio debería impedir cualquier lectura superficial de las crisis cubanas, donde el pueblo de verdad se lleva la peor parte. La precariedad no es solo incomodidad, la escasez sostenida produce efectos orgánicos. El hambre parcial, la mala alimentación, la falta de vitaminas, el cansancio físico y la pérdida de condiciones básicas de vida pueden expresarse en enfermedad colectiva. La neuropatía de los años 90 fue una señal histórica: cuando una población vive demasiado tiempo en déficit, el cuerpo termina hablando. El cuerpo no cree en consignas, no cree en dirigentes panzones y en viejos militares.

El pasado año y en parte de este la epidemia de chikunguña y otras enfermedades transmitidas por mosquitos volvió a colocar el cuerpo en el centro del problema. No se conoce con certeza cuántas personas fueron afectadas. Las cifras oficiales y los registros sanitarios ofrecen una parte del cuadro, pero el subregistro parece inevitable cuando muchas personas no acuden al médico, no hay suficientes pruebas, se confunden diagnósticos y el sistema de salud enfrenta carencias severas. En ese contexto, la enfermedad circula no solo como virus, sino como miedo, rumor, dolor y agotamiento y se traduce en la protesta silenciosa.

La chikunguña es especialmente dura porque puede dejar dolores articulares persistentes. Hay personas que pasan semanas o meses con limitaciones para caminar, trabajar, cargar peso o moverse con normalidad. El dolor crónico modifica el carácter, la fatiga cambia la relación con los otros, el sueño se altera y la dependencia aumenta. La persona se vuelve más irritable, más triste, más vulnerable. No es debilidad moral. Es el efecto psicológico de vivir dentro de un cuerpo que duele y de un entorno que no ofrece alivio suficiente.

Si a ese dolor se le suman apagones, falta de repelente, escasez de medicamentos, acumulación de basura, ausencia de fumigación, agua almacenada en recipientes y hospitales deteriorados, el daño se multiplica. La enfermedad no ocurre en el vacío. Ocurre dentro de una crisis mayor. El mosquito pica en una casa caliente, con ventanas abiertas por falta de ventilación, en un barrio con basura, en una familia sin medicamentos, en una ciudad cansada. El virus encontró un país debilitado.

La ineficiencia gubernamental se expresa justo ahí: en la incapacidad de impedir que las crisis se encadenen. Una administración responsable no puede evitar todos los desastres, pero sí debe reducir daños, anticipar riesgos, transparentar información, organizar recursos, proteger a los vulnerables y corregir errores. Cuando las fallas se repiten durante años, ya no basta con culpar a factores externos. Las sanciones, el bloqueo y las restricciones internacionales forman parte del contexto cubano, pero no explican por sí solos la falta de previsión, la opacidad informativa, la dependencia energética, la demora en transformar la matriz eléctrica, el deterioro hospitalario, la mala gestión de residuos, el abandono del transporte y la desigualdad real con que se reparten los sacrificios. Cuba y su gobierno de militares es un estado fallido, donde ellos cada día abren las tumbas a los cubanos de a pie.

Ahí entra la frase más dura: “El precio de la dignidad es alto y no se paga parejo.” Durante décadas, la palabra dignidad ha sido usada como emblema político. Se ha invocado para pedir resistencia, paciencia, disciplina y sacrificio. Pero una dignidad convertida en consigna puede terminar ocultando desigualdades. No todos viven los apagones igual. No todos consiguen comida igual. No todos acceden a medicamentos igual. No todos tienen planta eléctrica, divisas, familiares en el exterior, transporte propio o acceso privilegiado a servicios. El sacrificio colectivo rara vez es verdaderamente colectivo.

Cuando se dice que el pueblo debe resistir, habría que preguntar quién paga el costo mayor de esa resistencia. Lo paga la madre que espera la corriente de madrugada para lavar. Lo paga el anciano que no consigue el medicamento. Lo paga el niño que no duerme por el calor. Lo paga el trabajador que pierde comida comprada con esfuerzo. Lo paga el enfermo con dolor articular que no encuentra analgésicos. Lo paga la familia que no sabe si tiene dengue, chikunguña, oropouche o cualquier “virus” sin nombre preciso. Lo paga quien no tiene margen para escapar ni recursos para amortiguar la caída.

La dignidad no puede consistir en soportarlo todo. Una sociedad digna no es aquella donde la gente aprende a sobrevivir sin lo básico, sino aquella donde lo básico no se convierte en privilegio. Si la dignidad exige aceptar apagones interminables, dolor sin medicina, hambre parcial, sueño roto y silencio, entonces la palabra ha sido vaciada de su sentido humano. La dignidad verdadera debería proteger la vida, no exigirle a la vida que se acostumbre al deterioro. El Gobierno y sus cómplices externos, se robaron la dignidad, el discurso mentiroso y su mesa redonda diaria, solo son visto como la ausencia de dignidad.

Hay una dimensión moral en todo esto. No basta con medir cuántos megavatios faltan, cuántas toneladas de combustible no llegaron o cuántos casos sospechosos se registraron. Hay que medir el daño en términos de humanidad. ¿Qué ocurre con una población obligada a vivir durante años sin estabilidad mínima? ¿Qué ocurre con los niños que crecen viendo a sus padres resolver lo imposible cada día? ¿Qué ocurre con los jóvenes que aprenden que el futuro es una promesa rota? ¿Qué ocurre con los ancianos que sienten que resistieron toda una vida para llegar a una vejez sin descanso?

La respuesta no es solo económica ni médica. Es psicológica, social y ética. Una población sometida a crisis sucesivas puede desarrollar mecanismos admirables de solidaridad, humor, inventiva y resistencia. Pero también puede desarrollar desesperanza, cinismo, apatía, irritabilidad, duelo acumulado y pérdida de confianza. La adaptación no debe confundirse con bienestar. Que una persona sobreviva no significa que esté bien. Que un pueblo aprenda a resolver no significa que no esté siendo dañado. Que un pueblo se calle por la represión militar no quiere decir que esté en silencio. En Cuba protestar es sinónimo de represión, de cárcel.

El agobio se vuelve más peligroso porque muchas veces no se ve. No siempre produce una imagen dramática. A veces aparece como cansancio normalizado, como mal humor familiar, como pérdida de ilusión, como ganas de irse, como silencio, como chiste amargo, como cuerpo dolorido, como insomnio, como una frase enviada a un amigo: “lo que casi no podemos es con el agobio”.

Esa frase merece ser escuchada con seriedad. No es una queja menor. Es un diagnóstico humano. Cuba no está viviendo solo una crisis eléctrica, ni solo una crisis sanitaria, ni solo una crisis alimentaria. Vive una crisis de condiciones básicas para sostener una vida psicológicamente respirable. Cuando cada jornada se vuelve una prueba de resistencia, cuando la incertidumbre se instala como norma, cuando el cuerpo enferma y la mente no descansa, el daño deja de ser coyuntural. Se vuelve una marca.

El mayor fracaso de un sistema político no es solo producir pobreza. Es pedirle a la gente que llame dignidad a la administración cotidiana de su propio desgaste. Es convertir la resistencia en obligación moral. Es exigir paciencia a quienes ya han entregado demasiado. Es normalizar que la población pague con su cuerpo, su sueño, su salud y su esperanza los errores acumulados de quienes gobiernan en Cuba.

“Corriente y comida” no debería ser una consigna de protesta en pleno siglo XXI. “Solo queremos tres horas de electricidad” no debería ser una aspiración aceptable. “Nos estamos acostumbrando a vivir así” no debería ser leído como fortaleza. Esas frases muestran el punto exacto en que la vida se achica. Y una vida achicada durante demasiado tiempo no solo empobrece el presente; también hiere el futuro.

El precio de la dignidad no puede seguir cobrándose sobre los mismos cuerpos. No puede seguir pagándose con noches sin dormir, con alimentos perdidos, con dolor sin alivio, con enfermedades mal diagnosticadas, con jóvenes que se van y con ancianos que esperan. La dignidad, si todavía quiere significar algo, debe empezar por devolver a las personas aquello que nunca debió faltarles: luz, comida, agua, salud, descanso, información confiable y la posibilidad de vivir sin sentirse aplastadas por el día siguiente. Pero esa dignidad se inicia por la frase que hoy todos los cubanos piensan: que se vayan.