El cubo de Rubik cubano vuelve a girar: 176 medidas para que el centro no se mueva

 

Recientemente publiqué un artículo en el que comparaba la economía cubana con un cubo de Rubik. La metáfora surgió de una conversación con un amigo cubano que me alertó de una sospecha: el desorden visible del país podía ocultar una reorganización silenciosa de la propiedad. La crisis desarmaba la vida de la mayoría, pero colocaba determinadas piezas en beneficio de los grupos vinculados al aparato estatal, militar y empresarial.

En aquel texto afirmé que el cubo no se estaba armando para el pueblo, sino frente al pueblo. Las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio de 2026 obligan a volver sobre esa imagen. Ya no se trata únicamente de observar movimientos dispersos. Ahora existe un documento que propone reorganizar la empresa estatal, reconocer empresas privadas de mayor tamaño, permitir la venta de propiedades estatales, ampliar la participación del capital extranjero y modificar el comercio, la banca, la agricultura, el turismo y la protección social.

El cubo vuelve a girar.

Existe una característica del cubo de Rubik que adquiere aquí un significado político. Las piezas centrales permanecen unidas al núcleo y determinan el color de cada cara. Las restantes cambian de posición, pero el centro conserva su lugar. Algo semejante ocurre con las transformaciones anunciadas: se mueven las formas de propiedad, la gestión empresarial, las divisas, los salarios, los subsidios y las importaciones, pero la autoridad que decide quién participa, qué se vende, cuánto vale y en qué condiciones continúa siendo la misma.

El documento oficial presenta 176 transformaciones agrupadas en 23 ejes temáticos. Muchas de ellas sorprenden menos por su contenido que por el tiempo que fue necesario esperar para reconocerlas. Lo que debieron hacer 30 años atrás, lo resolvieron en pocos días. Son los mismos “dirigentes”, pero resulta que ahora aprueban las medidas a su conveniencia, falta de memoria o abuso de poder.

Se propone conceder mayor autonomía a las empresas estatales, descentralizar la aprobación de precios y salarios, eliminar subsidios a entidades ineficientes, establecer procedimientos de quiebra, reducir trámites, facilitar la creación de empresas privadas, permitir que una persona sea propietaria de más de una empresa y autorizar sociedades anónimas por acciones. También se admite que las empresas privadas contraten a más de cien trabajadores, desarrollen varias actividades y participen en sectores antes reservados al Estado.

Varias de estas decisiones pudieron adoptarse hace treinta o cuarenta años, cuando todavía existían recursos humanos, infraestructura productiva y una población con mayores expectativas dentro del país. Fueron postergadas bajo el argumento de que amenazaban los principios del sistema. Ahora reaparecen no como amenazas, sino como respuestas necesarias ante una economía que apenas logra sostenerse.

La transformación 17 propone convertir empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. El Estado definirá su presencia accionaria y conservará una participación mayoritaria en los sectores clasificados como estratégicos. Las empresas estatales podrán comprar acciones de otras empresas. También podrán hacerlo las formas de gestión no estatal y las personas naturales, según una gradualidad que todavía debe definirse.

Las transformaciones 20, 21, 22 y 23 amplían el tamaño y las posibilidades de las empresas privadas. Una persona podrá ser titular de más de una empresa y participar como accionista en varias. Se reconocen empresas privadas con más de cien trabajadores y se incorporan nuevas formas societarias. No estamos ante una pequeña apertura dirigida únicamente al trabajo individual. Se está trazando la arquitectura de un sector empresarial privado con capacidad de acumulación, contratación e inversión.

La transformación 34 avanza todavía más: permite vender propiedades estatales a personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras, incluidos los cubanos residentes fuera del país, siempre que demuestren el origen lícito de los fondos. No se habla solamente de gestión privada de un activo estatal. Se emplea la palabra venta. Esto supone transferencia de propiedad. No toma de sorpresa que mencionen a los cubanos residentes en otros países, lo que siempre fueron tildados de traidores. Pero conocemos que se refieren a los hijos y nietos de estos gobernantes, que estratégicamente hicieron su fortuna fuera de Cuba. Casualidad o pensamiento macabro.

En 2021, el discurso oficial había colocado ese camino dentro de los límites que no podían rebasarse. El Informe Central al Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba advertía que un proceso de privatización barrería los cimientos de la sociedad socialista. También rechazaba la importación comercial privada porque rompería el monopolio estatal del comercio exterior. El informe asociaba estas demandas con el egoísmo, la codicia y el deseo de restauración capitalista. Fue aprobado por los mismos que hoy siguen en el poder.

Cinco años después, la transformación 148 permite la importación comercial directa para todos los actores económicos. La 17 contempla participación privada en empresas estatales. La 34 autoriza la venta de propiedades del Estado. La 52 abre la generación y comercialización de energía a capital privado y extranjero. La 84 incorpora capital privado en la actividad bancaria. Otras medidas reconocen empresas privadas agropecuarias, agencias de viajes privadas, cadenas de tiendas, restaurantes, servicios logísticos y operaciones inmobiliarias.

La contradicción no puede resolverse diciendo que el país cambió y ahora requiere otras respuestas. Eso explica la necesidad económica, pero no aclara la incoherencia política. Si en 2021 se afirmaba que determinadas decisiones destruirían el socialismo y en 2026 esas decisiones son aprobadas por las mismas estructuras, alguien debe explicar qué cambió en los principios, qué errores se cometieron y quién responde por las oportunidades perdidas.

Durante años se impidió a los ciudadanos realizar actividades que ahora son presentadas como parte de la recuperación nacional. Se cerraron caminos, se limitaron profesiones, se prohibió la acumulación empresarial y se mantuvo el monopolio del comercio exterior. Las consecuencias de aquellas decisiones fueron asumidas por la población. Sin embargo, el documento de 2026 no contiene una evaluación de las prohibiciones anteriores. El cubo gira, pero nadie reconoce haberlo movido antes en la dirección equivocada.

También conviene distinguir entre una transformación anunciada y una transformación ejecutada. Gran parte del documento está redactada con verbos como diseñar, crear, permitir, establecer, actualizar y transformar. Estos verbos expresan propósitos, no resultados. La comunicación oficial del 9 de julio informó que las normas jurídicas serían publicadas pronto. Al momento de esta redacción, ya se había creado el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, pero buena parte de las 176 medidas seguía dependiendo de regulaciones, procedimientos y decisiones futuras.

La distancia entre anunciar y aplicar ha sido una constante en la economía cubana. Por eso, el documento no debe evaluarse solo por lo que promete. Habrá que observar las normas, los plazos, las instituciones responsables y los mecanismos de control. Una cosa es autorizar la venta de una propiedad estatal y otra conocer cómo se valorará, quién podrá presentar una oferta, qué información será pública y quién verificará que no existan privilegios.

Las piezas se reparten, pero el centro permanece

La pregunta principal no es si Cuba necesita transformar su economía. La gravedad de la crisis hace difícil negar esa necesidad. La pregunta es quiénes estarán en condiciones de beneficiarse de la transformación.

Permitir que las personas compren acciones o propiedades estatales puede parecer una apertura general. Sin embargo, la igualdad jurídica no crea igualdad económica. La mayoría de los trabajadores cubanos ha vivido durante años con salarios devaluados, escasez, inflación y pocas posibilidades de ahorro. Muchas familias dependen de remesas. Una parte numerosa de la población joven y profesional abandonó el país. En tales condiciones, reconocer el derecho a comprar no significa que todos puedan hacerlo.

Quienes administran empresas, controlan información económica, poseen acceso a divisas o mantienen relaciones con las estructuras estatales parten desde una posición muy diferente. También disponen de ventaja los grupos empresariales ya establecidos y quienes cuentan con capital fuera de Cuba. La medida 34 incluye a cubanos residentes en el exterior, lo que puede atraer recursos, pero también confirma que buena parte del dinero necesario para adquirir propiedades nacionales ya no se encuentra dentro del país.

Este es el punto donde las 176 transformaciones se conectan con el artículo anterior. Durante años se produjo una concentración económica en conglomerados administrados por estructuras militares y estatales. Ahora se plantea valorar activos, convertir empresas estatales en sociedades mercantiles, vender propiedades, permitir participaciones accionarias y reconocer la acumulación patrimonial. Las piezas que antes se movían sin demasiada publicidad empiezan a recibir una forma jurídica.

No significa que todas las medidas hayan sido creadas para entregar el país a determinados grupos. El documento contiene propuestas necesarias y algunas podrían beneficiar a productores, trabajadores, municipios y pequeños empresarios. El problema nace de la ausencia de garantías suficientes sobre el reparto de esas oportunidades.

Para que una venta de activos estatales sea legítima se necesita conocer el inventario, la valoración, las condiciones de la convocatoria, los participantes y el resultado. También se requiere identificar posibles conflictos de intereses. Si quienes administraron una empresa durante años acceden antes que el resto a sus datos, deudas, activos y posibilidades comerciales, dispondrán de una ventaja difícil de compensar.

Las autoridades han hablado de transparencia, licitaciones públicas y plataformas para conocer los bienes disponibles. Esa intención tendrá que convertirse en procedimientos verificables. No basta con publicar que una propiedad fue vendida. Se debe conocer cómo se calculó su precio, quién compitió por ella y qué vínculos existen entre compradores, administradores y funcionarios.

La transformación 36 reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de personas jurídicas y naturales. La formulación parece razonable, pero deja otra pregunta: ¿cómo se distinguirá la acumulación legítima de aquella obtenida mediante privilegios, información reservada, corrupción o acceso desigual a divisas? Reconocer la riqueza sin construir mecanismos públicos de fiscalización puede terminar validando diferencias cuyo origen nunca fue explicado.

El reacomodo también alcanza a la población que no comprará empresas ni acciones. La transformación 70 propone eliminar subsidios a productos y dirigirlos hacia personas seleccionadas. La 157 plantea sustituir la canasta familiar normada por ventas reguladas para personas vulnerables. La 100 anuncia devaluaciones sucesivas de la moneda nacional. Estas decisiones pueden responder a desequilibrios reales, pero trasladan riesgos hacia los hogares.

El documento promete incrementos salariales, actualización de pensiones y un Fondo de Protección Social. El resultado dependerá del orden y del tiempo. Si los precios, la devaluación y la eliminación de subsidios llegan antes que la ayuda, las familias perderán capacidad de compra. Si la identificación de las personas vulnerables falla, muchos quedarán fuera. En Cuba, la libreta no ha sido solo un mecanismo de distribución. Para numerosas familias representa el último acceso regular a ciertos alimentos.

Aquí surge otra contradicción con el discurso de 2021. En aquel momento se afirmó que jamás se aplicarían terapias de choque contra los sectores más humildes y que nadie quedaría desamparado. El documento de 2026 no utiliza esa expresión, pero reúne decisiones que pueden producir un impacto intenso si se ejecutan sin protección previa. Las palabras cambian y las piezas se desplazan, pero el costo vuelve a caer sobre la población.

Treinta años atrás, una apertura económica gradual habría encontrado una sociedad menos empobrecida, empresas menos deterioradas y una emigración menor. También habría permitido que muchos ciudadanos construyeran recursos propios a lo largo del tiempo. Hacerlo ahora significa iniciar la competencia después de que unos pocos han acumulado posiciones y la mayoría ha perdido capacidad económica.

Por eso, la demora no fue neutral. Cada año de prohibiciones redujo las posibilidades de unos y protegió las ventajas de otros. Cuando finalmente se abre la puerta, no todos llegan al mismo tiempo ni con los mismos recursos.

Las 176 transformaciones pueden modificar la economía cubana. Algunas corrigen prohibiciones que nunca debieron prolongarse. Otras reconocen relaciones económicas que ya existían. Varias abren oportunidades que deben ser observadas con atención. Pero ninguna responde todavía a la pregunta que recorre este artículo: ¿quién mueve el cubo y para quién se está ordenando?

El centro continúa en el mismo lugar. Desde allí se clasifican los sectores estratégicos, se decide qué propiedades se venden, se determina quién participa y se redactan las normas. Los ciudadanos reciben la invitación a controlar la implementación, pero no han decidido el modelo, sus prioridades ni el destino de los activos que durante décadas fueron presentados como propiedad de todo el pueblo.

En el artículo anterior escribí que muchos cubanos podían descubrir que el país que les pidieron defender ya había sido repartido antes de que les permitieran decidir sobre él. Las nuevas transformaciones no eliminan esa posibilidad. Pueden darle una forma legal.

El cubo de Rubik cubano vuelve a girar. Algunas caras cambian de color y ciertas piezas parecen encontrar su lugar. Sin embargo, el centro permanece inmóvil y las manos que realizan los movimientos siguen sin someterse al escrutinio ciudadano.

El problema ya no es solamente que el cubo se esté armando frente al pueblo. El problema es que ahora también pueden estar colocando sobre la mesa las reglas para repartir sus piezas.